Un paso hacia la modernización tributaria
El Poder Ejecutivo de Costa Rica ha presentado recientemente una serie de proyectos de ley que buscan una nueva reforma fiscal en el sistema tributario del país. Esta iniciativa tiene como objetivo principal modernizar y simplificar la estructura fiscal, así como aumentar la eficiencia en la recaudación de impuestos. A continuación, exploramos los aspectos más destacados de esta reforma y sus posibles implicaciones para la economía costarricense.
En un esfuerzo por fortalecer la economía y mejorar la eficiencia del sistema tributario, el gobierno de Costa Rica ha lanzado una ambiciosa reforma fiscal. Esta iniciativa busca no solo aumentar la recaudación de impuestos, sino también simplificar el proceso para los contribuyentes y reducir la evasión fiscal. La reforma incluye cambios significativos en la ley de impuesto sobre la renta, la eliminación de ciertas exoneraciones del IVA y la ampliación de las facultades de la Autoridad Tributaria. Estos cambios están diseñados para crear un sistema más justo y transparente, que permita al país avanzar hacia una mayor estabilidad económica y social. A continuación, exploramos los detalles de esta reforma y sus posibles impactos.
Contexto de la Reforma
El 18 de mayo de 2023, el gobierno costarricense presentó una serie de proyectos de ley destinados a reformar el sistema tributario actual1. Entre las propuestas se incluyen la creación de una nueva ley de impuesto sobre la renta, la eliminación de algunas exoneraciones del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) y el otorgamiento de mayores facultades de control e inspección a la Autoridad Tributaria.
Principales Cambios Propuestos
- Nueva Ley de Impuesto sobre la Renta:
- Globalización de las Rentas: La nueva ley propone la globalización de las rentas tanto para personas físicas como jurídicas, lo que implica que todas las fuentes de ingresos, tanto nacionales como internacionales, serán gravadas.
- Simplificación de la Estructura del Impuesto: Se busca simplificar la estructura del impuesto, agrupando las rentas en bases imponibles generales y especiales, con tarifas progresivas que van del 10% al 30% para la base general y una tarifa fija del 15% para la base especial.
- Eliminación de Exoneraciones del IVA:
- La reforma propone eliminar ciertas exoneraciones del IVA, con el objetivo de ampliar la base tributaria y aumentar la recaudación.
- Mayores Facultades para la Autoridad Tributaria:
- Se otorgarán mayores facultades de control e inspección a la Autoridad Tributaria para mejorar la fiscalización y reducir la evasión fiscal.
Beneficios Esperados
- Aumento en la Recaudación: Con la eliminación de exoneraciones y la globalización de las rentas, se espera un aumento significativo en la recaudación de impuestos, lo que permitirá al gobierno costarricense contar con más recursos para invertir en infraestructura y servicios públicos.
- Simplificación y Transparencia: La simplificación de la estructura del impuesto sobre la renta y las mayores facultades de la Autoridad Tributaria contribuirán a una mayor transparencia y eficiencia en el sistema tributario.
- Reducción de la Evasión Fiscal: Las nuevas medidas de control e inspección ayudarán a reducir la evasión fiscal, asegurando que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias.
Desafíos y Consideraciones
Aunque la reforma fiscal presenta numerosos beneficios, también plantea ciertos desafíos. La implementación de estos cambios requerirá una adaptación por parte de los contribuyentes y una actualización de los sistemas de recaudación. Además, será crucial garantizar que las nuevas medidas no afecten negativamente a los sectores más vulnerables de la población.
Conclusión
La nueva reforma fiscal en Costa Rica representa un paso significativo hacia la modernización del sistema tributario del país. Con una estructura más simple y eficiente, y mayores facultades para la fiscalización, se espera que esta reforma contribuya a una mayor recaudación y transparencia. Sin embargo, será fundamental abordar los desafíos asociados a su implementación para asegurar que los beneficios se distribuyan equitativamente entre todos los ciudadanos.
